Recientemente ha surgido la posibilidad de modificar la jornada laboral, hasta aumentar el máximo de horas semanales a 65. El Parlamento Europeo ha aprobado el texto preliminar para realizar y adaptar la Ley a cada uno de los países de la Unión Europea. El resultado ha sido la generación de múltiples y diversos debates tanto a favor como en contra.
Ante esta nueva Ley, ¿a quién beneficia más esta modificación de la jornada laboral máxima?
El punto de partida de esta modificación tiene su origen en las AAPP y los principales ministerios de trabajo de la Unión Europea. Según dicho organismo, esta nueva medida formará parte de las políticas sociales que beneficiarán a los trabajadores en dos aspectos fundamentales, la seguridad laboral y la flexibilidad. Otra de las ventajas argumentadas es el aumento en la maniobrabilidad de contratación de distintas empresas, como por ejemplo, las ETT. Según el texto preliminar, las empresas que decidan aplicar este aumento en la jornada laboral deberán obtener la confirmación escrita por parte del trabajador. Esta medida, impulsada para cubrir los sectores más problemáticos vinculados al aspecto horario, como son la sanidad o la enseñanza, pretende crear una metodología que beneficie a empresas y trabajadores.
Según la opinión de distintos empresarios, esta nueva legislación tiene una doble lectura. Por una parte existe la posibilidad de aumentar las horas de trabajo en puntas de actividad esporádicas, aumentando así la capacidad de adaptación en ciertas épocas. Por otra parte, puede generar una descompensación en la motivación del propio trabajador debido a que puede éste puede encontrar una situación alejada a la conciliación laboral, derivando en un caída de su productividad.
La reacción de los sindicatos y lobbies, es contundente y clara ya que no divisan ninguno de los dos aspectos en los que se basa esta nueva normativa, la seguridad laboral y la flexibilidad. Según portavoces de distintas plataformas, «la incertidumbre en millones de trabajadores es muy elevada, ya que se sienten amenazados ante los inminentes cambios del mercado laboral». Como medida de presión ante posibles abusos sobre la nueva legislación, se ha establecido algunas garantías para los trabajadores, como el consentimiento escrito y anterior a 4 semanas para acceder a las 65 horas máximas semanales o el registro exhaustivo de las horas exactas de los trabajadores.
Las tres partes implicadas, AAPP , empresarios y sindicatos, defienden sus posturas a ultranza ante estos acontecimientos, ya que existen elementos comunes que afectan a la percepción de las tres partes, cómo la siniestralidad laboral, la calidad del servicio, la productividad, la rentabilidad económica o la anteriormente comentada conciliación.